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Reportaje

Protección de datos: el obstáculo por norma

La nueva ley que regula el manejo de la información personal, con sus exigentes requisitos y sus elevadas multas y sanciones, está impidiendo la llegada de empresas procedentes de la Unión Europea.


Es uno de los grandes quebraderos de cabeza jurídicos de las empresas españolas. La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), cuyo objetivo es asegurar la intimidad personal y familiar respecto a la captación y al tratamiento, es de obligado cumplimiento para todas las compañías, independientemente de su tamaño y actividad.

La LOPD –regulada en el Real Decreto 1720/2007– exige a las empresas que manejen ficheros de datos exhaustivas medidas de control, tanto internas como externas.

De hecho, los contratos que se firmen con empleados o con clientes y proveedores, por ejemplo, tienen que incluir de forma obligatoria cláusulas de protección de datos.

Tanto es así, que la información que manejan las empresas debe de estar clasificada en tres niveles de seguridad. En el nivel inicial se recogen datos básicos de la persona (edad, nombre, número de DNI); en el intermedio se guarda información administrativa y en el nivel alto se incluyen aquellos que definen per se al individuo: religión, orientación social, tendencias o afiliaciones políticas…

Es una ley absolutamente garantista para la persona, a la que también se le concede el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

El gran desafío para las empresas es su nivel de cumplimiento. “Por ahora”, como explica Javier Rivas, socio del bufete Landwell-PwC, “no la están pudiendo respetar al cien por cien. Sin embargo, poco a poco se conseguirá”.

La reflexión anterior no es uniforme. “En las grandes firmas, el nivel de cumplimiento es mayor que en las pequeñas y medianas”, precisa Eduardo Cillanueva, asociado senior del área legal de KPMG Abogados.

Multas cuantiosas para los infractores

La Administración está siendo muy severa con la normativa y por eso ha establecido unas sanciones muy elevadas, las cuales se clasifican en leves (multa de 601,01 a 60.101,21 euros), graves (60.101,21 euros a 300.506,05 euros) y muy graves (300.506,05 a 601.012,10 euros).

Pero, como si estuviéramos frente a vasos comunicantes, el problema de esta "sobrerregulación española", como la define un experto, es que al ser la normativa española la más restrictiva de toda la Unión Europea resulta un freno a la libre circulación de capitales.

Y eso repercute en que muchas empresas europeas se lo piensen dos veces antes de instalarse en España, pues los requisitos de la LOPD son muy altos y las sanciones, en caso de incumplirlos, también.


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Publicado el 08/03/2010 en Finanzas y Servicios por Miguel Ángel García Vega
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